Sin educación especial no hay inclusión

Maribel Ramos

noviembre 4, 2026

La reciente Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a la Secretaría de Educación, derivada de una queja colectiva presentada por cinco familias acompañadas por Educación Sin Barreras NL, representa un avance importante en la defensa del derecho a la educación de las personas con discapacidad.

Sin embargo, también nos recuerda que no podemos exigir una educación inclusiva sin garantizar que quienes deben hacerla posible cuenten con los recursos, la formación y los apoyos necesarios.

Durante años hemos escuchado a familias que enfrentan negativas de inscripción, condicionamientos y dificultades para obtener apoyos para sus hijos. También a docentes de educación regular y profesionales de educación especial preocupados por las responsabilidades que se les exigen sin contar con las condiciones necesarias para cumplirlas.

Ambas realidades deben ser atendidas.

La educación inclusiva necesita de los conocimientos y estrategias de la educación especial para identificar barreras, diseñar apoyos y responder a las necesidades específicas de los estudiantes.

En las escuelas públicas, las Unidades de Educación Inclusiva (UDEI) enfrentan limitaciones de personal y deben atender numerosos planteles. Los propios profesionales nos han expresado su preocupación y frustración ante una carga de trabajo que les impide brindar la atención y el seguimiento que requieren los estudiantes de manera suficiente, continua y oportuna. Una situación que también genera desesperación entre las familias al ver que sus hijos no reciben los apoyos que necesitan.

Asimismo, respecto de las escuelas particulares, hemos recibido reiteradamente reportes de familias a quienes se les ha negado o condicionado la inscripción o permanencia de sus hijos bajo el argumento de no contar con personal especializado. La nueva Ley de Educación de Nuevo León, publicada el 27 de abril del presente año, establece la obligación de contar con equipos especializados, por lo que resulta indispensable supervisar su cumplimiento.

Por su parte, la Recomendación CEDHNL-20/2026 señala la necesidad de destinar recursos presupuestales específicos para fortalecer los servicios de apoyo, proporcionar materiales y garantizar la formación continua.

La falta de recursos nunca debe justificar la exclusión, la discriminación o la negativa a realizar ajustes razonables. Pero tampoco podemos responsabilizar exclusivamente a los docentes por las deficiencias de un sistema que no les proporciona las condiciones necesarias para cumplir su labor.

No se trata de confrontar a las familias con los maestros y el personal de apoyo, ni de elegir entre educación regular y educación especial. Se trata de reconocer que todos tienen responsabilidades diferentes y que las autoridades deben garantizar las condiciones para cumplirlas.

La reglamentación de la nueva Ley de Educación de Nuevo León representa una oportunidad para establecer esas responsabilidades, fortalecer los servicios especializados y definir mecanismos de seguimiento.

Definitivamente, no basta con reconocer el derecho a la educación inclusiva en nuestras leyes; se necesitan decisiones, recursos y acciones concretas para hacerlo realidad.

Foto: Archivo

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