Han pasado 18 años desde que México se adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Durante este tiempo, el país asumió compromisos para garantizar la inclusión, la accesibilidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de millones de personas. La pregunta es si esos compromisos se han traducido en cambios reales o si continúan siendo, en gran medida, aspiraciones plasmadas en documentos jurídicos.
Cada tres de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 con el propósito de promover sus derechos y bienestar, así como de sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos que enfrentan en los ámbitos político, social, económico y cultural.
Sin embargo, uno de los avances más importantes en esta materia ocurrió años después. A partir de una iniciativa impulsada por México y encabezada por Gilberto Rincón Gallardo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Se convirtió en el primer tratado internacional de derechos humanos adoptado en el siglo XXI y marcó una transformación profunda en la forma de comprender la discapacidad.
La Convención dejó atrás la visión centrada exclusivamente en la asistencia o la protección social para reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos. A partir de entonces, la discapacidad comenzó a abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión y ciudadanía.
México firmó la Convención el 30 de marzo de 2007 y ésta entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces, el Estado mexicano quedó obligado a garantizar y promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. También asumió el compromiso de contar con mecanismos independientes para supervisar el cumplimiento de dichas obligaciones, responsabilidad que recae en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas.
En el sistema jurídico mexicano, la Convención forma parte del bloque constitucional de derechos humanos, por lo que su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional. Esto implica que leyes, reglamentos, programas y políticas públicas deben armonizarse con sus principios y disposiciones.
Por su parte, el Protocolo Facultativo permite que las personas presenten denuncias ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas cuando consideren que alguno de los derechos reconocidos en la Convención ha sido vulnerado y se hayan agotado previamente los recursos legales disponibles en su país.
A casi dos décadas de su entrada en vigor para México, la Convención continúa siendo uno de los instrumentos internacionales más importantes para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Sus principios han influido en legislaciones nacionales e incorporados en diversos marcos internacionales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
No obstante, la existencia de un tratado internacional no garantiza por sí misma el ejercicio efectivo de los derechos que reconoce. La verdadera medida de su éxito radica en los resultados que produce en la vida cotidiana de las personas.
Por ello, después de 18 años de vigencia en México, conviene preguntarse: ¿hasta qué punto se han cumplido los compromisos establecidos en la Convención? ¿Qué avances concretos pueden identificarse en materia de accesibilidad, educación, empleo, movilidad, salud, participación política y acceso a la justicia? ¿Conocen realmente las distintas autoridades el alcance de las obligaciones que asumió el Estado mexicano?
Estas preguntas adquieren especial relevancia en Nuevo León, donde aún persisten retos importantes para garantizar una inclusión plena y efectiva.
No basta con que exista un instrumento jurídico de avanzada. Como ocurre con cualquier derecho humano, su valor no depende únicamente de su reconocimiento formal, sino de su capacidad para transformar la realidad de las personas a quienes busca proteger.
Foto: Cortesía ONU
Muchas gracias Dr. Briseño por esta reflexión. Me parece muy importante que, después de tantos años, nos sigamos haciendo estas preguntas.
Coincido con usted y quisiera agregar algo que, desde mi experiencia acompañando a familias, me parece fundamental. No solamente necesitamos evaluar cuánto hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos, sino también qué tan efectivos están siendo los mecanismos que tenemos para exigir su cumplimiento. En Nuevo León hemos visto avances importantes, tanto legislativos como en materia de protección de derechos humanos, pero también hemos podido constatar lo complejo que resulta conseguir que estos se traduzcan en cambios dentro de las instituciones. Lograr que las acciones de las autoridades no se limiten a responder a casos particulares o a las quejas de las familias, sino que permitan identificar y corregir las condiciones que siguen generando las mismas vulneraciones. Muchas gracias por seguir abriendo estos espacios de reflexión doctor. Creo que son muy necesarios.