Nuevo León es, sin duda, uno de los motores económicos de México. Precisamente por ello, debemos hablar con claridad de un problema que no admite complacencia: las finanzas públicas estatales enfrentan una presión creciente que requiere decisiones fiscales más prudentes en el corto plazo.
El dato central que fundamenta este argumento es contundente. Al cierre de 2025, la deuda del sector público estatal alcanzó 111 mil 510 millones de pesos, un aumento nominal de ocho mil 894 millones respecto de 2024 y de cinco por ciento en términos reales. En este caso, el sector Gobierno concentró 80 mil 962 millones.
El costo financiero que representa esta deuda tampoco es menor. Durante 2025, este costo fue de nueve mil 910 millones de pesos, y aun cuando disminuyó 19.1 por ciento en términos reales frente a 2024, estos recursos no pueden destinarse a gastos fundamentales que requiere el Estado en seguridad, movilidad, agua, salud o educación.
Corto plazo: evitar que la deuda se convierta en rutina
El presupuesto 2026 contempla 179 mil 494 millones de pesos de egresos y asigna 15 mil 885 millones al servicio de la deuda pública. El propio Gobierno reconoce entre sus principales riesgos una eventual desaceleración económica, menores participaciones federales y una reducción de los ingresos estatales.
Aquí está el punto crítico de la situación financiera actual: si los ingresos resultan menores a los previstos, financiar gasto recurrente con más deuda sería una salida fácil, pero equivocada. Como he señalado en otras ocasiones, la deuda puede ser un instrumento financiero razonable para invertir en infraestructura que eleva la productividad futura o en educación y salud que garantizan el desarrollo en el largo plazo; sin embargo, es mucho más preocupante el uso de nueva deuda cuando termina financiando obligaciones ordinarias de deuda anterior, creando un efecto “bola de nieve” en el saldo total de la deuda y las obligaciones financieras recurrentes hacia el futuro.
Mediano plazo: recuperar margen fiscal
No cabe duda de que el Estado necesita aumentar sus ingresos propios, controlar el crecimiento del gasto corriente y evaluar cada nuevo gran proyecto mediante su rentabilidad social, particularmente frente a las megaobras inconclusas que ya representan obligaciones financieras actualmente. No basta con construir más obras, o caer en la tentación de enfocarse en proyectos de “relumbrón”: hay que demostrar que cada peso invertido genera beneficios superiores a su costo en el corto y largo plazo.
Es por eso que el propio presupuesto 2026 reconoce como objetivos reducir las presiones de pensiones, contener el gasto operativo y mantener una relación sostenible entre deuda e ingresos de libre disposición.
Largo plazo: la verdadera discusión
Nuevo León no necesita elegir entre infraestructura y disciplina fiscal. Necesita ambas.
La prosperidad económica del Estado ofrece una oportunidad excepcional para construir una hacienda pública más sólida a través de mayor recaudación propia, mejor evaluación del gasto, transparencia y una política de endeudamiento estrictamente vinculada a inversión productiva.
La conclusión entonces es conceptualmente sencilla: Nuevo León no está ante una crisis fiscal inevitable, pero tampoco puede permitirse actuar imprudentemente como si no existieran restricciones presupuestarias. El crecimiento económico no garantiza por sí mismo finanzas públicas sanas. La disciplina fiscal del Estado debe construirse antes de que sea una necesidad urgente o inevitable, no después de que se convierta en una emergencia que comprometa el bienestar arduamente construido por sus ciudadanos.