Ningún interés político debe estar sobre el ciudadano: Juan Pablo Garza

La división de poderes representa uno de los pilares fundamentales de la democracia; sin embargo, cuando las diferencias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se prolongan, la ciudadanía queda atrapada en la parálisis. Para el abogado y litigante Juan Pablo Garza Medellín, la clave para superar cualquier impasse institucional no está en los litigios ni en las disputas interminables, sino en la voluntad de diálogo y el respeto estricto a la Constitución.

Garza Medellín, quien acumula más de 25 años de trayectoria profesional, señaló que en la práctica jurídica diaria es común ver cómo la falta de acuerdos afecta a las personas. Explicó que en su ejercicio privado ha constatado cómo asuntos legales que llevaban hasta siete años trabados en juzgados lograron resolverse mediante una llamada de negociación directa entre las partes.

“Esa misma lógica aplica en la gestión pública: cuando existe voluntad real de conciliar y se prioriza el bienestar de la gente, los acuerdos son posibles por encima de cualquier diferencia de grupo o de partido”, sostuvo.

Experiencia desde las “dos trincheras” de la ley

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), su trayectoria combina cinco años de formación interna en el Poder Judicial del Estado, dos décadas como apoderado legal en la administración pública federal en el norte del país y una práctica ininterrumpida como litigante independiente.

Esta visión integral le ha permitido identificar la urgencia de “ciudadanizar el derecho”, un concepto que busca traducir el lenguaje legal a términos sencillos, eliminar barreras burocráticas y garantizar que cualquier persona pueda conocer y defender sus derechos de manera pronta y accesible.

En ese sentido, el jurista destaca que, para la mayoría de los ciudadanos, enfrentarse a un trámite gubernamental o a un proceso legal suele generar incertidumbre y temor debido a la complejidad de los trámites. Por ello, enfatiza que la labor profesional del abogado debe centrarse en brindar una orientación cercana y empática, sirviendo como un puente de acompañamiento para quienes desconocen sus derechos o no cuentan con los recursos para sostener pleitos legales prolongados.

Asimismo, sostiene que la justicia cotidiana no se agota en las aulas ni en los tribunales, sino en la prevención de conflictos en el día a día. Fomentar mecanismos alternativos de mediación y solucionar desavenencias de manera pacífica permite que los vecinos y las comunidades resuelvan sus diferencias con agilidad, evitando que problemáticas menores se conviertan en litigios desgastantes para las familias.