La inflación también se cocina en las finanzas públicas

Jorge Moreno

noviembre 2, 2026

Existe una confusión frecuente en el debate económico: pensar que la inflación es, como sostuvo Milton Friedman, exclusivamente un fenómeno monetario y que, por tanto, su control depende únicamente de las decisiones del banco central. Esta interpretación, aunque recoge una parte importante de la teoría económica, deja fuera una dimensión fundamental: la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La historia económica ofrece lecciones contundentes al respecto. Uno de los economistas que mejor documentó esta relación fue Thomas J. Sargent, Premio Nobel de Economía en 2011, quien demostró que los procesos inflacionarios de gran magnitud no pueden comprenderse cabalmente sin analizar el régimen fiscal que los sostiene.

Su argumento tiene una implicación particularmente relevante para México: un gobierno que mantiene déficits persistentes sin una estrategia creíble para financiarlos puede terminar por comprometer la estabilidad monetaria, incluso cuando formalmente existe un banco central autónomo.

La deuda pública, por sí misma, no constituye un problema económico. Es un instrumento legítimo para financiar la inversión, atender contingencias y distribuir a lo largo del tiempo el costo de proyectos cuyo beneficio también se extiende a generaciones futuras. El problema surge cuando el endeudamiento deja de responder a una estrategia de sostenibilidad y se utiliza para posponer decisiones fiscales que inevitablemente deberán tomarse.

Los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondientes al tercer trimestre de 2026, ofrecen elementos importantes para dimensionar el desafío fiscal mexicano.

Al cierre de septiembre, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) alcanzó 52.6 por ciento del PIB, mientras que la deuda neta del Gobierno Federal representó 49.4 por ciento del PIB. Es importante distinguir entre ambas cifras: el SHRFSP es la medida más amplia del endeudamiento público, pues incorpora los requerimientos financieros de los distintos componentes del sector público.

En términos de flujos, el déficit presupuestario fue 244 mil millones de pesos inferior al programado y el déficit primario presentó una diferencia favorable de 84 mil millones respecto de lo previsto. Además, el costo financiero de la deuda disminuyó 3.7 por ciento en términos reales anuales y se ubicó 159 mil millones de pesos por debajo del programa.

También es importante señalar que la estructura de la deuda mexicana presenta algunas características que reducen su vulnerabilidad: una proporción mayoritaria está denominada en moneda nacional, contratada a tasa fija y con vencimientos de largo plazo. Esto disminuye la exposición inmediata a fluctuaciones cambiarias y a riesgos de refinanciamiento. Sin embargo, reconocer estas fortalezas no significa ignorar los desafíos estructurales.

El Plan Anual de Financiamiento 2026 de la propia SHCP estimó que el SHRFSP se ubicaría en 53.5 por ciento del PIB al cierre del año. Asimismo, proyectó necesidades de financiamiento del sector público equivalentes a 16.6 por ciento del PIB y un déficit del sector público de 4.3 por ciento del producto.

La pregunta relevante, por tanto, no es únicamente cuánto debe México, sino qué capacidad tiene el Estado para generar ingresos suficientes que permitan financiar sus obligaciones presentes y futuras sin depender crecientemente del endeudamiento.

Una deuda equivalente a 52.6 por ciento del PIB no implica, por sí misma, una crisis fiscal ni anticipa necesariamente un episodio inflacionario. La sostenibilidad depende de variables adicionales: el crecimiento económico, la tasa de interés real, el balance primario, la capacidad recaudatoria y la credibilidad de la trayectoria fiscal.

Aquí es donde la contribución de Sargent adquiere especial relevancia.
En su célebre trabajo Some Unpleasant Monetarist Arithmetic (1981), escrito conjuntamente con Neil Wallace, Sargent cuestionó una interpretación demasiado simple de la política monetaria: aquella que supone que un banco central puede controlar permanentemente la inflación sin importar lo que suceda con las finanzas públicas.

El argumento es fundamental. Imaginemos un gobierno que mantiene déficits fiscales persistentes y acumula obligaciones financieras crecientes. Si la autoridad fiscal no está dispuesta o no tiene capacidad para ajustar sus ingresos y gastos, el financiamiento de esas obligaciones tendrá que provenir de alguna combinación de mayor endeudamiento, ajustes fiscales, incumplimiento o creación monetaria.

Cuando el endeudamiento adicional encuentra límites y la autoridad monetaria termina acomodando las necesidades financieras del gobierno, la expansión monetaria puede convertirse en una fuente de inflación.
Incluso puede presentarse una situación paradójica: un banco central que eleva las tasas de interés para contener la inflación incrementa simultáneamente el costo del servicio de la deuda pública. Si la autoridad fiscal no responde con ajustes suficientes, la presión sobre el financiamiento futuro puede terminar debilitando el esfuerzo de estabilización monetaria.

La lección es contundente: la estabilidad de precios necesita algo más que un banco central comprometido con una meta de inflación; necesita un gobierno capaz de sostener financieramente sus decisiones de gasto.
México tiene hoy una ventaja institucional importante: un banco central autónomo y un mercado de deuda pública desarrollado. Pero estas fortalezas no deben convertirse en pretexto para posponer las discusiones necesarias sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La inflación es, en última instancia, un fenómeno que afecta directamente el bienestar de los hogares, particularmente de aquellos con menores ingresos, cuyos recursos suelen estar menos protegidos frente al incremento de los precios. Por ello, como nos recuerda la tradición de investigación de Thomas Sargent, no existe una política monetaria verdaderamente sostenible cuando las finanzas públicas carecen de un ancla creíble. La estabilidad de precios no se construye solamente desde el banco central; también se construye desde la responsabilidad presupuestaria del gobierno.

Foto: Pexels

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