Recientemente tuve la oportunidad de acompañar cursos para padres y madres en el Instituto Nezaldi, una comunidad estudiantil comprometida con la transformación social, la prevención y el aprendizaje basado en la experiencia. Con la participación de más de 200 madres y padres que compartían dudas, retos y experiencias sobre la crianza, aquel espacio funcionó como un lugar seguro para visibilizar lo compleja que puede ser esta labor.
La experiencia me llevó a reflexionar sobre una realidad que pocas veces ocupa el centro del debate público: prevenir la violencia y el delito también implica fortalecer las capacidades de crianza. No se trata únicamente de una convicción personal o pedagógica. Nuevo León es la única entidad del país que reconoce en su legislación el derecho a la parentalidad asistida, una figura que parte de una premisa sencilla pero poderosa: ser padre o madre no significa necesariamente contar con las herramientas para ejercer una crianza respetuosa, empática y libre de violencia.
Desde su promulgación en 2015, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León incorporó este derecho. El artículo 35 lo define como:
“El proceso en el que se propician y fortalecen en quienes ejercen la patria potestad o tutela, las condiciones que satisfacen las necesidades de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y armonioso, basado en el ejercicio pleno de sus derechos”.
Este reconocimiento legal cobra especial relevancia cuando se observan los datos sobre adolescencia y delito. De acuerdo con la Encuesta de Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 del INEGI, durante 2024 se registraron 36 mil 447 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, lo que representó un incremento de 7.1 por ciento respecto a 2023. Asimismo, 35 mil 193 adolescentes fueron registrados como imputados, un aumento de 7.1 por ciento frente al año previo y de 55.4 por ciento respecto a 2021.
Las cifras no son frías. Detrás de cada expediente suele existir una historia marcada por conflictos familiares, carencias afectivas o entornos de violencia. Diversas investigaciones han documentado que los estilos parentales permisivos, negligentes o autoritarios se asocian con mayores conductas agresivas, mientras que la falta de habilidades sociales desarrolladas en el hogar puede aumentar la probabilidad de respuestas violentas ante los conflictos.
En términos de política pública, esto significa que la prevención social del delito comienza mucho antes de la intervención policial o judicial. Comienza en la familia.
Por ello considero que la parentalidad asistida no debe verse como un adorno legislativo ni como un gesto simbólico. Representa el reconocimiento de que las familias también necesitan apoyo, orientación y acompañamiento para enfrentar los desafíos de la crianza contemporánea. Al elevar este acompañamiento a la categoría de derecho, Nuevo León incorpora un factor de protección allí donde tradicionalmente solo existían esfuerzos aislados o buena voluntad.
El impacto potencial es directo. Si los entornos familiares violentos constituyen un factor de riesgo para la conducta delictiva, entonces fortalecer las habilidades parentales se convierte en una estrategia de prevención primaria. No se trata de sustituir a las madres y padres, sino de brindarles herramientas para educar con respeto, comunicación y límites no violentos.
La necesidad es particularmente relevante para Nuevo León. Durante 2024, la entidad registró una tasa de 665 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes de ese grupo de edad, muy por encima del promedio nacional de 259. Lejos de ser una sentencia, este dato debe interpretarse como una señal de alerta sobre la importancia de invertir en políticas preventivas que atiendan los factores de riesgo desde edades tempranas.
La experiencia vivida con más de 200 madres y padres en el Instituto Nezaldi confirma que existe interés y disposición para construir mejores entornos familiares. Muchas familias quieren hacerlo mejor, pero no siempre cuentan con las herramientas necesarias para lograrlo.
La parentalidad asistida puede convertirse en el puente entre esa voluntad y las capacidades que requiere una crianza saludable. Por ello, México debería analizar seriamente la posibilidad de extender esta figura al resto de las entidades federativas. Prevenir el delito desde la crianza no es una postura ingenua ni una política blanda; es una de las apuestas más inteligentes y rentables que una sociedad puede realizar para construir seguridad a largo plazo.
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