La población mundial joven, integrada por personas de entre 15 y 24 años, asciende aproximadamente a mil 200 millones, lo que representa el 16 por ciento de la población total. Se estima que, para el año 2030, esta cifra se incremente en un 7 por ciento hasta alcanzar cerca de mil 300 millones de personas en ese rango de edad, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En México, el 7.2 por ciento de la población declaró presentar algún tipo de discapacidad, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En Nuevo León, la población total asciende a seis millones 291 mil 899 habitantes. De acuerdo con los datos citados de la Encuesta Intercensal 2025, en el estado alrededor de 220 mil 216 personas con discapacidad tienen entre 18 y 29 años. Estas cifras representan un insumo fundamental para la elaboración y evaluación de los planes, programas y políticas de la administración pública en los tres órdenes de gobierno.
Por ello, las y los jóvenes con algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial constituyen un sector importante para el desarrollo social y económico de sus comunidades y familias. Su inclusión en los ámbitos educativo y laboral es fundamental para ampliar sus oportunidades de desarrollo y participación social.
De acuerdo con el proyecto del actual Gobierno del Estado de Nuevo León, la Educación Dual, que asocia al sector educativo con el laboral, es un modelo educativo que promueve el desarrollo de las habilidades necesarias para la empleabilidad y el emprendimiento de estudiantes de educación media superior, mediante la vinculación de las escuelas con los sectores productivos del entorno.
Sin embargo, cabe señalar que dicho proyecto estatal no menciona la obligación de promover e implementar un modelo educativo-laboral inclusivo y accesible para las personas con discapacidad, y mucho menos, la implementación de los ajustes razonables correspondientes conforme a las obligaciones previstas en los marcos jurídicos y reglamentarios en la materia. Un modelo de esta naturaleza debe facilitar, en condiciones de igualdad de oportunidades, esquemas de capacitación y empleo orientados a impulsar el desarrollo personal, familiar, económico y social de este sector de la población.
Considero imperativo que las y los jóvenes con discapacidad sean incluidos de manera coordinada y explícita en las estrategias estatales intersectoriales en materia de desarrollo social, educación, trabajo y reducción de la pobreza. De lo contrario, México podría enfrentar mayores dificultades para cumplir los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente la meta 8.5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que plantea alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad.
Como he mencionado en otras ocasiones, se requiere elaborar e implementar leyes, políticas, programas y acciones incluyentes, así como garantizar su cumplimiento; para ello, es indispensable aprobar, asignar y ejercer los recursos económicos pertinentes y suficientes. Asimismo, resulta fundamental promover la sensibilización y la participación corresponsable de la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno, en particular entre los sectores empresarial y educativo de Nuevo León.
La inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos educativo y laboral a través de la Educación Dual es fundamental para promover y facilitar un crecimiento económico incluyente, no discriminatorio y sostenible mediante el acceso al empleo y al trabajo decente para todas las personas.
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