Nuestra sociedad mexicana contemporánea parece distinguirse por dos aspectos que la diferencian de otras épocas: la enorme cantidad de distractores disponibles al gusto de cada persona y al alcance de su mano, como resultado de los famosos «algoritmos», que favorecen ese sesgo personal en el consumo de información, y la profunda transformación social derivada de cambios exógenos, como la pandemia, e internos, como las reformas sociales que durante los últimos años se han implementado desde el gobierno federal.
Ambos fenómenos han dado lugar a una situación sumamente desconcertante para quienes estudiamos las ciencias sociales desde la perspectiva de cómo los ciudadanos evalúan el pasado, el presente y el futuro al tomar sus decisiones: el «olvido» social.
En menos de seis años hemos enfrentado la peor pandemia de nuestro tiempo, con su respectiva crisis socioeconómica global y local; la muerte de miles de trabajadores al servicio del sistema de salud y el colapso de este en el ámbito público; una crisis de acceso al agua que parece resolverse únicamente cuando llueve, pero que, en esencia, persiste; el deterioro de la calidad de vida como resultado del aumento en los tiempos de traslado y de la insuficiencia del transporte público; el colapso de la calidad educativa a nivel nacional, como muestran los resultados de México en PISA; y el incremento de la inseguridad, que revela ante nuestros ojos atrocidades inhumanas dignas de los peores cuentos de terror. Todo ello ocurre en una economía cuyo pobre desempeño en materia de crecimiento y productividad configura un peligroso escenario de estancamiento, crecientes presiones del gasto en programas sociales sobre las finanzas públicas y limitaciones para sostener la inversión productiva.
Sin embargo, en los diarios nacionales y locales, pese a todo lo anterior y a las señales de un sistema judicial con debilidades en sus mecanismos de rendición de cuentas que pueden favorecer la corrupción, los niveles de aceptación de los distintos niveles de gobierno parecen ser los únicos indicadores que permanecen inmutables en nuestro país.
Tres hipótesis vienen a mi mente para explicar este fenómeno. La primera es el desinterés de nuestra sociedad por analizar los temas complejos del pasado, junto con su ávida necesidad de consumir nueva información disponible al alcance de la mano en sus teléfonos inteligentes. La segunda es la sobresaturación constante de noticias en diversos frentes, que dificulta un análisis serio de los costos y beneficios, así como de las causas y consecuencias de lo que ocurre frente a nuestros ojos. La tercera, y más desconcertante, es el desinterés por todo lo anterior porque se percibe como algo que «se siente muy lejano» o que «no me afecta».
En cualquier caso, ese «olvido» no es un asunto trivial en lo que concierne a las decisiones económicas y sociales. Las consecuencias de esta «ignorancia selectiva» las estamos pagando cada día, como resultado de cambios políticos sucesivos que alejan cada vez más a nuestro país de las condiciones institucionales necesarias para garantizar una prosperidad económica, social y democrática.
Esto es, el costo del olvido no se limita a perder de vista lo que ocurrió. Se manifiesta cuando dejamos de exigir resultados, cuando las decisiones públicas dejan de evaluarse a la luz de sus consecuencias y cuando los errores pueden repetirse sin un incentivo suficiente para corregirlos. Ninguna sociedad puede aspirar a una prosperidad duradera si renuncia a aprender de su propia experiencia. Los problemas no desaparecen cuando dejan de ocupar nuestra atención: simplemente continúan acumulando costos que todos habremos de enfrentar en algún momento, queramos o no. Ese es el principio fundamental del análisis económico: todo, absolutamente todo, incluso ignorar u olvidar, tiene un costo.
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