Más de siete décadas después de que las mujeres conquistaron el derecho al voto en México, nuevas corrientes culturalmente conservadoras vuelven a cuestionar esa conquista. La pregunta es si la democracia puede permitirse retroceder en un derecho que hoy sostiene buena parte de la participación electoral.
Durante las elecciones de 2024, las mujeres participaron en mayor proporción que los hombres. De acuerdo con el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE), el 64.3 por ciento de las mujeres inscritas en la Lista Nominal acudieron a votar, frente al 54.8 por ciento de los hombres. Esta diferencia de 9.5 puntos porcentuales evidencia que son las mujeres quienes sostienen actualmente la participación electoral en México.
Este dato adquiere especial relevancia frente a determinadas corrientes contemporáneas que, desde discursos tradicionalistas, cuestionan la participación de las mujeres en la vida pública e incluso promueven la idea de que deberían renunciar voluntariamente a ciertos espacios de participación, como el ejercicio del voto, para depositar esas decisiones en los hombres.
El problema surge cuando estas posturas dejan de ser una elección individual y comienzan a presentarse como un modelo deseable para el conjunto de las mujeres. En ese momento, la reflexión deja de ser exclusivamente cultural y se convierte también en una cuestión democrática.
La paradoja es evidente: las mujeres votan más, pero ocupan menos espacios de poder. Aunque las cifras del INE muestran una participación electoral superior, esta presencia no necesariamente se traduce en una representación proporcional en los espacios donde se ejerce el poder.
En Nuevo León, por ejemplo, durante el proceso electoral de 2024 fueron electas mujeres para encabezar únicamente 10 de los 51 ayuntamientos, lo que representa 19.6 por ciento del total. Estos datos evidencian que, aunque las mujeres participan activamente en las urnas, su llegada a los espacios de decisión política continúa enfrentando importantes obstáculos.
La pregunta resulta inevitable: ¿pueden las mujeres permitirse abandonar el ejercicio de sus derechos políticos cuando su presencia en los cargos de poder todavía dista de ser equitativa? Renunciar al voto o minimizar su importancia no representaría únicamente una decisión individual; en un contexto donde la representación política de las mujeres aún es limitada, podría contribuir a debilitar una herramienta histórica de participación y transformación social.
Las tendencias culturales actuales nos llevan a observar el resurgimiento de posturas tradicionalistas, entre ellas el fenómeno conocido como Trad Wife (Traditional Wife o “esposa tradicional”). A través de las redes sociales, este modelo promueve una representación de la mujer vinculada principalmente con el hogar, el matrimonio, la maternidad y la división tradicional de roles.
El problema no radica en que una mujer decida dedicarse al hogar, sino en que esa narrativa se presente como destino normativo para todas, debilitando la diversidad de proyectos de vida que requiere una democracia plural. Cuando determinadas narrativas sociales comienzan a normalizar la idea de que las mujeres deben retirarse de los espacios de decisión, se corre el riesgo de debilitar no solo su participación individual, sino también la diversidad de voces que requiere cualquier sistema democrático.
La democracia está en crisis cuando los derechos conquistados históricamente comienzan a percibirse como prescindibles y cuando la participación política de las mujeres, en lugar de fortalecerse, vuelve a ser cuestionada. La democracia se debilita cuando las mujeres retroceden en derechos y representación política. Defender su participación no significa imponer una forma de vida, sino preservar la libertad de decidir, participar y ocupar los espacios públicos en condiciones de igualdad.
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