A 348 días del relevo en la gubernatura de Nuevo León, previsto para el 4 de octubre de 2027, el estado acumula una serie de incidentes de ciberseguridad que han afectado a empresas, instituciones públicas, universidades y ciudadanos durante los últimos años.
El embate del cibercrimen ha alcanzado a empresas locales, dependencias del Gobierno del Estado e instituciones de educación superior. Asimismo, diversas figuras de los ámbitos político, religioso y empresarial han visto comprometidas sus cuentas de WhatsApp o redes sociales.
Estos incidentes se han vuelto tan frecuentes que prácticamente todos conocemos a alguna persona, organización o dependencia gubernamental que ha sido víctima de un ataque. Nuevo León no es un caso aislado; el fenómeno se replica en todo el país. Sin embargo, es nuestra realidad inmediata la que debe ocuparnos.
Servicios y datos afectados
En enero de 2023, un intento de intrusión en el Poder Judicial de Nuevo León obligó a desconectar preventivamente diversos sistemas y a suspender servicios y plazos durante 72 horas. El caso evidenció una consecuencia poco discutida de estos eventos: las medidas de contención también pueden afectar temporalmente el acceso a la justicia.
En noviembre de 2024, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador del Aeropuerto Internacional de Monterrey, confirmó que un programa de secuestro informático cifró archivos y sistemas, además de provocar la extracción de información. La empresa informó que restauraba sus operaciones a partir de respaldos, notificó a las autoridades competentes y no accedió a las exigencias económicas de los responsables.
Estos son solo algunos ejemplos de una lista mucho más extensa.
La recurrencia de estos casos demuestra que la ciberseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un desafío de seguridad pública, continuidad operativa y gobernanza.
Policía, Fiscalía y recuperación
Desde mayo de 2017, Nuevo León cuenta con una Policía Cibernética. La denominación histórica acreditada por documentación oficial es la de «Unidad de Policía Cibernética de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil». Un oficio estatal fechado el 5 de noviembre de 2019 refiere un acuerdo de creación emitido el 7 de mayo de 2017 y vincula su origen con el Modelo Homologado de Unidades de Policía Cibernética y diversos acuerdos nacionales de coordinación.
De acuerdo con la información oficial, su mandato comprende la prevención y atención de delitos cibernéticos, así como la atención y canalización oportuna de denuncias de acoso digital contra menores de edad y la ciudadanía en general. La legislación aplicable también incorpora obligaciones relacionadas con la prevención, el auxilio a víctimas, la preservación de indicios, la coordinación interinstitucional y la investigación bajo conducción ministerial.
Medios locales difundieron que durante 2023 fueron atendidos 19 mil 600 reportes, con base en información atribuida al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2024.
Sin embargo, la discusión no debería detenerse en el número de reportes atendidos. Lo que sigue pendiente es la identificación, persecución y sanción efectiva de quienes cometen estos delitos.
Cada vez que se conoce un incidente de ciberseguridad, la atención pública suele concentrarse en la organización afectada, los datos comprometidos y las consecuencias reputacionales o legales que enfrentará la víctima.
Lo que con frecuencia queda fuera de la conversación son las autoridades responsables de investigar los hechos y los resultados obtenidos en la localización y judicialización de los presuntos responsables.
La transición de 2027
El momento para colocar la ciberseguridad en la agenda electoral no es durante la próxima administración, sino ahora.
Empresas, instituciones educativas, dependencias públicas y ciudadanos ya han resentido los efectos del cibercrimen. No obstante, el tema sigue ocupando un espacio marginal en la discusión pública, a pesar de su impacto creciente en la economía, la seguridad y la confianza digital.
Ignorar la oportunidad de incorporar este asunto al debate político podría significar otros seis años de rezago.
De cara a la elección de 2027, los candidatos y candidatas a la gubernatura deberán ir más allá de reconocer el problema. La pregunta ya no es si Nuevo León necesita fortalecer su estrategia de ciberseguridad, sino quién está dispuesto a asumir compromisos concretos para prevenir ataques, proteger a las víctimas, fortalecer la investigación y llevar a los responsables ante la justicia.
La ciberseguridad ya no es únicamente un tema tecnológico. Es un asunto de gobernabilidad, competitividad y seguridad pública. Por ello, también debe estar en la boleta de 2027.
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