Enfrentado con la oposición que controla el Congreso local, sin apoyos federales y sin la posibilidad inmediata de contratar más deuda con la banca comercial, el gobernador Samuel García Sepúlveda iniciará su sexto y último año de administración al frente de Nuevo León.
El mandatario emecista ya enfrenta la incapacidad financiera para concluir obras magnas como las líneas 4 y 6 del Metro, dos carreteras, la presa León que heredó de su antecesor Jaime Rodríguez “El Bronco”, pago a diversos proveedores, compra de insumos para hospitales y centros de salud.
Incluso, representantes de 200 organizaciones de la sociedad civil organizada (OSC) que reciben por ley financiamiento estatal para realizar programas comunitarios le reclaman el pago de más de 240 millones de pesos, fondos atrasados desde el 2024 a la fecha.
El sexto año de gobierno de García Sepúlveda inicia el domingo 4 de octubre, con un mal augurio: los diputados del PAN, PRI, Morena, Partido Verde e independientes, quienes suman 31 votos, siguen sin aceptar dialogar con el encargado de la Tesorería estatal, Ulises Carlín, para discutir el presupuesto estatal de 2027.
“Todo apunta a que, por quinto año, Samuel no tendrá un presupuesto estatal como él quiere, con autorización de más deuda pública y asignación de partidas a su gusto”, detalla Juan González Torres, analista en Finanzas Públicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Para cualquier mandatario, el cierre de su administración se esperaría con la inauguración de obras de gran trascendencia social, pero no será el caso de García Sepúlveda, quien dejará más endeudado al Gobierno de lo que lo asumió en 2021.
Sin embargo, como explica Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN, el mandatario no tiene problema económico alguno “aunque se queje de que el Congreso le bloquea el dinero”, ya que con la “reconducción presupuestal”, medida legal prevista en la Constitución estatal, ejerce y gasta el mismo monto del presupuesto del año anterior sin necesidad de aprobación.
Por ejemplo, este año el Gobierno ejerció 156 mil 264 millones de pesos de gasto corriente, similar al del 2025, el cual fue un 10 por ciento más al del 2024, en el que también se aplicó la reconducción presupuestal.
“De los cinco años de su gestión, hasta el día de hoy, el gobernador ha usado esta fórmula legal, eludiendo el paquete presupuestal que el Congreso debe aprobar por ley”, explica el legislador por el PRI, Javier Caballero.
El priista señala que el Estado usa de manera indiscriminada recursos para programas electoreros, como el reparto de apoyos económicos a través de monederos electrónicos a miles de mujeres afiliadas a MC, sin que se establezcan en el presupuesto que revisa el Congreso.
“Dispone de miles de millones de pesos, que extrae de dependencias como la Red Estatal de Autopistas, de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey —paraestatal que se encuentra quebrada financieramente— o del cobro de derechos propios y servicios estatales, sin supervisión o control alguno”, agrega Caballero.
GOBIERNO PROPONE, OPOSICIÓN SE OPONE
El 2 y 9 de septiembre se realizaron en la sede de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado reuniones para iniciar la discusión del proyecto de Ley de Ingresos y Ley de Egresos del Estado para el 2027.
A estos encuentros no acudieron, salvo diputados de las bancadas de MC y PT, ninguno del PAN, PRI, Morena, PRD y Partido Verde.
Tampoco acudieron titulares o representantes de los llamados organismos autónomos como la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia-Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), que también reclaman al Gobierno la entrega de pasivos y de gasto corriente.
Aunque la fecha límite para la entrega del proyecto de presupuesto vence el 20 de noviembre, para ser discutido y aprobado por el pleno del Congreso antes de fin de año, ya se anticipa que ninguna de las partes, Legislativo y Ejecutivo, llegue a un acuerdo.
“Pretenden (los diputados de oposición) mantener como rehén al Gobierno estatal, impidiéndole que ejerza un presupuesto, un plan de gasto en inversión en obras públicas, servicios públicos y programas sociales que benefician a millones de nuevoleoneses”, acusó la diputada Sandra Pámanes, coordinadora de MC.
La legisladora emecista refiere que “pese a las trabas que por cinco años le han puesto, el gobernador ha podido con imaginación reorientar el gasto corriente a los programas y proyectos necesarios como la movilidad, las nuevas líneas del Metro, el sector salud y la seguridad pública”.
Pámanes prevé que para el ejercicio fiscal del próximo año, del que 10 meses corresponderán al cierre de sexenio de García Sepúlveda, “puede darse un presupuesto consensado con otros partidos, con aprobación de deuda pública moderada para concluir los proyectos ya arrancados y terminar con finanzas sanas”.
NUEVO LEÓN, SEGUNDO ESTADO MÁS ENDEUDADO
Al corte del 1 de septiembre, la deuda pública de Nuevo León asciende a aproximadamente 80 mil 261.6 millones de pesos en créditos vigentes registrados ante la Secretaría de Hacienda, posicionándose como una de las entidades con mayores pasivos en el país.
- Deuda por habitante: Nuevo León registra la deuda per cápita más alta de México, con un promedio superior a los 17 mil pesos por persona.
- Servicio de la deuda: El estado destina más de 7 mil millones de pesos al año para el pago del servicio de sus pasivos, manteniéndose en semáforo amarillo según el Sistema de Alertas de la SHCP.
- Adeudos fiscales: La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó al Gobierno de Nuevo León liquidar un adeudo fiscal histórico con el Sistema de Administración Tributaria por 6 mil 292 millones de pesos derivado de retenciones, tanto de la administración actual como del gobierno de Jaime Rodríguez.
El plazo para pagar inicia en enero y concluye en diciembre del 2027, según la sentencia del Tribunal.
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