Durante años, hablar de fracking en México ha significado hablar de sus riesgos ambientales. La preocupación es legítima: la fractura hidráulica plantea cuestionamientos por el uso de agua y por sus posibles impactos en acuíferos y ecosistemas.
Pero existe otro riesgo que ha recibido menos atención: la dependencia energética del exterior.
México importa de Estados Unidos alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume. Al mismo tiempo, 70 por ciento de la electricidad del país se genera con gas natural. La magnitud de ambas cifras ayuda a entender por qué la discusión sobre el desarrollo de recursos nacionales ha dejado de ser únicamente energética para convertirse también en un asunto de soberanía.
Visto así, la conversación cambia.
La pregunta ya no debería limitarse a estar a favor o en contra del fracking, sino a determinar qué tan conveniente es para México sostener una dependencia tan marcada de un energético producido fuera de sus fronteras.
La propia estrategia del Gobierno federal reconoce esta vulnerabilidad. El país consume alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos de gas natural diariamente y el objetivo planteado es reducir gradualmente las importaciones —no eliminarlas— para depender menos del suministro exterior.
En el norte del país, el tema adquiere una dimensión particular. El análisis científico promovido por el Gobierno identificó zonas de Coahuila, Nuevo León y el noreste de Tamaulipas, correspondientes a las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, donde se recomienda continuar estudiando la viabilidad del gas no convencional. Esto no significa que exista una decisión de explotación, sino que deben identificarse lugares específicos con condiciones técnicas, ambientales y sociales adecuadas.
Ahí es donde el fracking merece una discusión distinta.
No se trata de minimizar sus impactos ambientales. Al contrario, reconocerlos obliga a establecer límites claros sobre dónde podría realizarse y en qué condiciones. El propio Comité recomendó prohibir la extracción de gas no convencional en Tampico-Misantla y continuar los estudios en otras regiones, incorporando criterios ambientales, sociales y técnicos.
Tampoco significa convertir al fracking en la única respuesta. La estrategia federal contempla acelerar las energías renovables, impulsar la eficiencia energética e incrementar la producción nacional de gas convencional, además de evaluar el potencial de los yacimientos no convencionales.
Lo que parece necesario es poner todos los riesgos sobre la mesa: los ambientales asociados a la extracción, sin duda, pero también los económicos y estratégicos derivados de una elevada dependencia energética del exterior.
En ese punto, gobierno e iniciativa privada tienen un espacio de encuentro. El primero debe establecer reglas y garantizar la protección de los recursos naturales. El sector privado puede aportar inversión, tecnología y capacidad técnica dentro de esos límites.
Porque soberanía energética no significa dejar de comprar gas a Estados Unidos. Significa contar con alternativas para que una relación de conveniencia no termine convirtiéndose en una relación de vulnerabilidad.
El fracking seguirá siendo una discusión incómoda y deberá evaluarse con rigor. Pero la dependencia energética también representa un riesgo. México necesita analizar ambos con la misma seriedad.
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