La transición hacia la movilidad eléctrica representa, sin duda, una buena noticia ambiental para cualquier urbe desarrollada. Menores emisiones locales, menor dependencia de combustibles fósiles y una mayor eficiencia energética hacen del automóvil eléctrico una tecnología que probablemente tendrá un papel cada vez más importante en las ciudades mexicanas. Nuevo León, y particularmente el Área Metropolitana de Monterrey, no será la excepción.
Pero existe una dimensión económica que estamos comenzando a discutir demasiado tarde: el automóvil eléctrico no elimina el consumo de energía; lo desplaza del uso de gasolina y gasolineras, hacia la red eléctrica doméstica.
La discusión resulta particularmente relevante en Nuevo León porque ocurre precisamente cuando la infraestructura eléctrica enfrenta fuertes presiones ante el incremento natural en su demanda. En agosto pasado, el Gobierno del Estado anunció, junto con la Comisión Federal de Electricidad, una inversión conjunta cercana a 10 mil millones de pesos para fortalecer la transmisión y distribución eléctrica, precisamente con el objetivo de reducir interrupciones y atender el crecimiento de la demanda.
El problema adquiere otra dimensión cuando observamos la velocidad de crecimiento de los vehículos eléctricos. De acuerdo con información del Instituto de Control Vehicular citada por diversos medios, los vehículos eléctricos e híbridos registrados en Nuevo León aumentaron alrededor de mil por ciento en apenas tres años. En el caso específico de los vehículos completamente eléctricos, el crecimiento ha sido todavía más acelerado: pasaron de apenas 48 unidades en 2016 a más de 11 mil en mayo de 2025.
Hoy su participación en el consumo eléctrico estatal todavía es pequeña. Precisamente por eso sería un error concluir que el problema no existe. La restricción relevante no es únicamente la cantidad total de electricidad consumida, sino dónde, cuándo y a qué velocidad se incorpora esa nueva demanda al sistema actual.
Un automóvil eléctrico puede consumir alrededor de 15 kWh diarios. Esto equivale a aproximadamente 450 kWh mensuales. Para ponerlo en perspectiva, una vivienda regiomontana puede consumir alrededor de 350 kWh mensuales. Es decir, la incorporación de un automóvil eléctrico puede añadir a una vivienda un consumo eléctrico comparable, o incluso superior, al que ya genera todo el hogar.
Aquí aparece el verdadero desafío económico. La recarga residencial concentra una nueva carga precisamente en las redes de distribución que atienden colonias y viviendas actuales. Si miles de automóviles se conectan simultáneamente por la noche, la demanda máxima puede aumentar considerablemente, aun cuando el consumo energético anual adicional parezca manejable.
Esto significa que la transición hacia la electromovilidad no puede limitarse a vender automóviles. Requiere anticipar inversiones en transformadores, líneas de distribución, subestaciones, sistemas de medición y mecanismos que incentiven la recarga fuera de las horas de mayor demanda.
También debemos evitar un falso dilema de política pública entre escoger automóviles eléctricos y medio ambiente, por un lado, o confiabilidad eléctrica, por otro. La solución consiste en hacer que ambas cosas avancen conjuntamente, aunque su coordinación requiere un esfuerzo político serio.
Una política pública efectiva debería incentivar la recarga nocturna o en horarios de baja demanda, promover tarifas que reflejen el costo de utilizar electricidad durante los periodos críticos y facilitar la instalación de infraestructura de carga inteligente. Las nuevas inversiones privadas en electrolineras en Monterrey muestran que el mercado ya está anticipando esta transformación.
El punto central de esta nota es otro: al igual que en otros temas prioritarios, la infraestructura eléctrica debe anticiparse al cambio tecnológico, no reaccionar después de que la demanda ya haya saturado la red.
Monterrey enfrenta simultáneamente crecimiento industrial, expansión urbana, mayores necesidades de climatización y ahora una rápida electrificación del transporte. Cada uno de estos fenómenos, por separado, puede ser manejable. El riesgo aparece cuando todos ocurren al mismo tiempo sobre una infraestructura con capacidad limitada.
La electromovilidad genera beneficios ambientales que debemos preservar. Pero precisamente porque queremos que su expansión sea sostenible, debemos reconocer desde ahora su costo de infraestructura. Un automóvil eléctrico puede ser limpio en la calle y, al mismo tiempo, representar una nueva presión sobre el transformador que abastece una colonia.
La transición energética no consiste solamente en cambiar el automóvil que conducimos. Consiste también en construir la red eléctrica capaz de alimentarlo. Monterrey tiene la oportunidad de hacerlo anticipadamente. Esperar a que los apagones nos obliguen a hacerlo, sería mucho más costoso para todos.
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