En un escenario político dominado por discursos ensayados y estrategias para redes sociales, una propuesta ciudadana comienza a incomodar a la clase política de Nuevo León. Sergio Gil Valdez, titular de la Notaría Pública 56 y catedrático de derecho en el Tec de Monterrey, exige exámenes psicométricos y de salud mental obligatorios para todos los candidatos a cargos de elección popular.
Con cuatro iniciativas ciudadanas en apenas tres meses, Gil Valdez encarna un perfil atípico: el profesionista que pasa del escritorio a la calle, ofreciendo asesorías legales gratuitas y organizando brigadas comunitarias. Ese activismo lo ha llevado a considerar seriamente la alcaldía de Santa Catarina.
EXIGENCIA DE SALUD MENTAL
La propuesta más comentada gira en torno a la salud mental de quienes aspiran a gobernar. Gil Valdez considera contradictorio que empresas privadas y el gremio notarial exijan controles psicológicos a su personal, mientras que quienes administran presupuestos millonarios no enfrentan ninguna evaluación.
De acuerdo con el neurólogo David Owen, el ejercicio prolongado del cargo público puede desencadenar el denominado síndrome de hubris, un trastorno de la personalidad directamente asociado al poder. Este se manifiesta en la creencia de infalibilidad, el desprecio por la crítica, la convicción de poseer la verdad absoluta y el uso del poder para la autoglorificación, lo que conduce inevitablemente a una pérdida de contacto con la realidad.
“Queremos saber si la persona que va a tomar las decisiones o jugar con las vidas de 7 millones de neoloneses es coherente; que no sea un mitómano, que no sea un megalómano”, declaró.
La iniciativa fue adoptada por el diputado Rodrigo Montemayor con carácter de “urgente”, pero permanece congelada en un Congreso con más de 2 mil 200 expedientes pendientes.
LEY HARTAZGO
Otra de sus propuestas es la llamada “Ley Hartazgo”, que busca regular los retenes policiacos en el área metropolitana de Monterrey. Nacida de las quejas de transportistas y vecinos de Santa Catarina, la reforma exige que los elementos estén uniformados, muestren su número de placa y no oculten el rostro con capuchas.
Gil Valdez recordó que los ciudadanos tienen derecho a documentar estos operativos: “Si te están pidiendo una extorsión, inmediatamente tú puedes estar grabando y ponerlo en vivo en redes sociales… Ellos tienen la obligación de identificarse”.
De las brigadas a la boleta
Su presencia constante en colonias populares como San Gilberto, San Humberto y Fama ha generado especulaciones sobre sus aspiraciones políticas. Vecinos le han pedido directamente que se postule: “¿Y por qué no se lanza usted? Nos trajo las escrituras, nos ayudó con el trámite, le dio certeza a mi abuelito con el testamento…”.
Aunque asegura estar tranquilo en su vida privada, admite que la impotencia de chocar con las “barreras de gobierno” lo hace considerar la alcaldía. “Si me llegan a convencer mis queridos vecinos, lo vería porque es una forma realmente de poder ayudar más”, confesó.
El abogado critica la administración pública actual, comparándola con una empresa donde los ciudadanos son los dueños del capital: “Si lo viéramos como que es nuestro dinero… ¿lo contrataríamos de CEO? ¿Al que nada más sabe bailar en TikTok? Ya cambia mucho la perspectiva”.
Sobre su visión para Santa Catarina, declaró: “En tres años quiero lograr una certeza legal absoluta y un desarrollo tan robusto que San Pedro se quede conejo al lado de nosotros”.
LA EPIDEMIA DEL INTESTADO
El capital social que lo posiciona en la escena pública proviene de su “cruzada personal”: combatir el rezago patrimonial en Nuevo León. Apenas el 6.0 por ciento de la población en el estado cuenta con testamento, frente al 4.0 por ciento a nivel nacional.
Para revertir esta tendencia, organiza brigadas en colonias populares y desmitifica tres ideas erróneas.
Explica que el trámite notarial no es costoso, pues la mayor parte corresponde a impuestos y derechos de registro; que ante la creencia de que un testamento “atrae la muerte”, la alternativa es la donación en vida con reserva de usufructo vitalicio; y que para patrimonios menores a un millón de pesos un fideicomiso no es costo-beneficioso, ya que puede consumir hasta una tercera parte del valor de la propiedad en honorarios.
En estos casos, la donación directa o el testamento siguen siendo las mejores opciones, puntualizó.