Especialistas, legisladoras y colectivos de familias denunciaron la omisión institucional que perpetúa la discriminación y exclusión de infancias neurodivergentes y con discapacidad en el sistema educativo público y privado.
Durante el panel “Sanción y castigo a las instituciones educativas no inclusivas”, se visibilizó la urgencia de aplicar sanciones punitivas reales y de entregar la reglamentación pendiente en la entidad.
Cecia González Avendaño, secretaria técnica del mecanismo de monitoreo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), reveló que la Secretaría de Educación Estatal mantiene sin publicar tres documentos normativos clave: el Reglamento Operativo de la Ley, el Protocolo de Educación Inclusiva y el Plan de Transición del sistema educativo. Advirtió que, aun sin estos instrumentos, las obligaciones constitucionales de proteger, investigar y sancionar violaciones a los derechos de la niñez siguen vigentes.
El debate se reforzó con un estudio sobre jóvenes con discapacidad intelectual que completaron la educación básica: 87.7 por ciento egresó de secundaria en condición de analfabetismo o analfabetismo funcional, pese a recibir certificados oficiales. También se denunció la ausencia de equipos multidisciplinarios y unidades de apoyo psicopedagógico, así como expedientes congelados por años en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación.
El especialista en genética e inclusión, Rodolfo Guillermo A. Flores Briseño, alertó que el presupuesto para educación especial se redujo a menos del 1 por ciento del gasto educativo, situándose cerca del 0.3 por ciento. Subrayó que ninguna legislación será efectiva sin partidas presupuestarias específicas que sustituyan la ambigua cláusula de “disponibilidad presupuestaria”.
Brenda Sofía Cruz Guzmán, psicóloga de la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (ARENA), y Maribel Ramos Gómez, del colectivo Educación Sin Barreras NL, coincidieron en la necesidad de abandonar el paradigma clínico y adoptar un enfoque de derechos humanos y barreras de aprendizaje, eliminando la figura de la “maestra sombra” para dar paso a maestros de apoyo orientados a la conducta y la socialización.
Desde el Congreso local, la diputada Grecia Benavides Flores (Morena) reconoció la parálisis institucional provocada por disputas políticas y se comprometió a exigir cuentas al secretario de Educación en la próxima Glosa del Informe Ejecutivo. Por su parte, la diputada Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz (Movimiento Ciudadano) recordó que la Ley de Educación de 2026 establece sanciones a los planteles, incluyendo multas y la revocación del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y advirtió que el Ejecutivo tiene plazo hasta octubre para publicar los protocolos definitivos.