En México, la discriminación hacia la neurodiversidad persiste como un problema estructural, social y personal profundo. Se manifiesta en diferentes niveles y ámbitos en forma de prejuicios sociales, estereotipos y normas arraigadas en la sociedad. La discriminación institucional se da cuando las leyes, políticas o prácticas de entidades públicas o privadas no cumplen con lo establecido en los diversos marcos jurídicos vigentes, lo que limita y vulnera los derechos de ciertos grupos, como los de niñas, niños y jóvenes neurodivergentes en el ámbito educativo. Considero que un ejemplo de ello es la actual Ley de Educación para el Estado de Nuevo León que, hasta hoy, no está reglamentada.
Entre otros aspectos, dicha Ley en el artículo 3 establece que “toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a una educación inclusiva (…) con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”. Sin embargo, la realidad cotidiana es otra: continúan la violencia escolar, el acoso, el maltrato, la exclusión y la discriminación, lo que atenta contra la integridad de las y los alumnos, sus familias y cuidadoras. Existen severos obstáculos para la permanencia, aprendizaje, participación, convivencia y egreso escolar de estudiantes neurodivergentes. Aunque hay ciertos avances, aún prevalece la desigualdad de oportunidades en instituciones y sistemas educativos públicos y privados, tanto en Nuevo León como en el país. Para Educación sin Barreras en Nuevo León, “las acciones de discriminación constituyen un acto de violencia institucional por parte de las escuelas y colegios que las cometen”.
Por ley, recae en autoridades de los tres niveles de gobierno e instituciones escolares la aplicación, vigilancia y ejecución de sanciones por violación a las disposiciones de los marcos jurídicos aplicables en materia de protección y no discriminación hacia personas con discapacidad o neurodivergentes. Es evidente la violación al ejercicio de la función social educativa de estudiantes con algún tipo de déficit funcional. Asimismo, es claro el incumplimiento y violación del ejercicio constitucional al derecho a la educación.
Me pregunto si el sistema educativo en Nuevo León responde a los valores democráticos, obligaciones y marcos jurídicos que debería contener nuestro tejido político y social. Si no es así… ¿por qué no se sanciona? ¿Quiénes son los responsables de no hacerlo? ¿Quién sanciona las violaciones establecidas en el Capítulo II (art. 183) de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León? Y, en su caso, ¿por qué no se hace? ¿Acaso son responsables las autoridades correspondientes, o es la sociedad misma? ¿Responde esta Ley a las necesidades del sistema educativo estatal? Mi respuesta es NO. ¿Se adhiere al principio de justicia distributiva eliminando la discriminación en instituciones educativas de Nuevo León? Mi respuesta es NO. ¿Es la educación en Nuevo León para todas y todos? Mi respuesta es NO.
¿Y si no… entonces qué? ¿Existen leyes en materia de inclusión y no discriminación en el sistema educativo? Sí… pero no se ejercen y mucho menos se sancionan sus violaciones. Esta es la realidad cotidiana en México, por lo que no me asombra que, en nuestro país, siendo socialmente tan desigual, madres, padres y cuidadoras de niñas y niños neurodivergentes o con discapacidad se confronten diariamente con la exclusión y discriminación en el sistema educativo público y privado. El discurso político público dice otra cosa. Incumplir una ley es violarla, es transgredirla; ello conlleva sanciones legales y administrativas. ¿Y si no?
Doctor Briseño, coincido totalmente con lo que plantea y creo que ahora toca exigir que el Gobierno del Estado haga una consulta pública real para reglamentar esta Ley, no nada más un trámite de relleno o que solo salga de la comisión que han creado. Nuevo León tiene la Ley para la Mejora Regulatoria que pide consulta pública antes de emitir un reglamento así y México además firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a consultar de cerca a las familias antes de legislar sobre lo que les afecta, con el mismo peso que la Constitución. O sea, el gobierno ya tiene el mandato y ya sabe cómo hacerlo, lo ha hecho para reglamentos mucho menos delicados que este (por ejemplo el de las Juntas de Mejoras). Y en esa consulta no puede faltar la voz de las y los maestros. Definitivamente la participación de las familias es importante, eso no debe discutirse, pero son las y los maestros quienes van a tener que aplicar ese reglamento todos los días, en un salón real, sin que nadie les haya preguntado qué necesitan para lograrlo. Si se redacta sin escuchar dónde se sienten solos, qué les falta, qué nunca les enseñaron a hacer, vamos a terminar con una norma perfecta en el papel e imposible en la práctica. Y cuando eso pase, la culpa va a caer sobre ellos otra vez, no sobre quien diseñó el reglamento sin tomarlos en cuenta. Si no se exige explícitamente, lo más probable es que la autoridad haga una consulta mínima, quizás solo con organizaciones y actores “afines”, sin que eso se traduzca en cambios reales al texto final. Familias y maestros tienen que estar en la misma mesa si de verdad queremos que esta Ley sirva para algo.