La educación pública enfrenta hoy el reto de ampliar su cobertura en todos sus niveles y, al mismo tiempo, garantizar que ese acceso universal se traduzca en aprendizaje, movilidad social y mejores oportunidades de vida. Sin embargo, en educación, como en cualquier tema de política pública, el objetivo final no puede reducirse a que nadie quede fuera: debemos preguntarnos qué recibe realmente quien tiene acceso a la misma y cuánto nos está costando dicha educación.
En los últimos años, la discusión sobre la educación en México ha tomado un rumbo que merece un análisis más cuidadoso y responsable. La expansión de la gratuidad y la eliminación de mecanismos de selección en la educación media superior se presentan como avances hacia una educación más justa.
El problema es que acceso, gratuidad y calidad son objetivos relacionados, pero no equivalentes en términos de sus resultados sociales. Desde la perspectiva de la economía de la educación, esta distinción es fundamental en el diseño, implementación y evaluación de la política educativa.
La educación pública tiene una extraordinaria capacidad para reducir desigualdades cuando permite que un joven, independientemente de su origen familiar, acumule capital humano y mejore sus oportunidades laborales. Pero esa función depende de que la educación efectivamente produzca un aprendizaje útil para quien la recibe. Una escuela gratuita que no permite desarrollar competencias cognitivas y socioemocionales puede ser formalmente incluyente y, al mismo tiempo, reproducir las desigualdades que pretendía combatir.
Como economista, he dedicado una parte de mi agenda de investigación al estudio de la educación, por lo que considero necesario recuperar una idea sencilla pero fundamental: el derecho a la educación no debería interpretarse únicamente como el derecho a ocupar una silla dentro de una escuela.
Porque una educación o grado académico sin verdadero aprendizaje es una promesa incumplida y una oportunidad perdida.
México ha avanzado enormemente en la expansión de la cobertura educativa. Ahora enfrenta una tarea mucho más difícil: convertir años de escolaridad en capital humano efectivo. El costo de una educación pública de baja calidad lo pagarán quienes la reciban al no contar con habilidades que se traduzcan en oportunidades profesionales, pero al final lo terminaremos pagando todos, ya que éstas determinan la productividad y el crecimiento del país en el largo plazo.
Por eso debemos resistir la tentación de medir el éxito educativo con indicadores políticamente atractivos pero económicamente incompletos. Una verdadera política de vanguardia no debe consistir en prometer que todos tendrán acceso a todo sin demandar responsabilidad, esfuerzo o mérito, sino en garantizar que, independientemente del origen socioeconómico, cada joven tenga la posibilidad real de desarrollar su potencial con base en su dedicación y esfuerzo.
La educación pública será verdaderamente democrática cuando el código postal, el ingreso de los padres o la escuela de procedencia dejen de determinar quién estudia y cuánto aprende un estudiante.
Ese es el verdadero reto económico y social.