El estado inicia 2026 con reconducción presupuestal por cuarto año consecutivo, reflejo del choque político entre Ejecutivo y Congreso estatal.
La discusión sobre el Presupuesto 2026 en Nuevo León confirma un patrón que se ha repetido en los últimos cuatro años: el choque constante entre el Ejecutivo y el Congreso local. En 2023, 2024 y 2025 el Estado aplicó la reconducción presupuestal, es decir, se ejerció el gasto del año anterior ante la imposibilidad de aprobar un nuevo paquete financiero. En 2026, la historia se repite.
El gobernador Samuel García vetó a finales del 2025 el presupuesto aprobado por mayoría del PRI, PAN y PRD en el Congreso, que ascendía a 160 mil 952 millones de pesos. Aunque el mandatario aseguró que el veto fue “en buena onda” y expresó disposición a negociar, la realidad es que el Estado inició el año aplicando nuevamente la reconducción presupuestal.
EL FONDO DEL CONFLICTO
El Congreso buscaba modificar el proyecto original del Ejecutivo, incluyendo la propuesta de elevar del 20 al 25 por ciento las participaciones para los municipios. El gobernador, en cambio, rechazó otorgar más recursos a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos, lo que ha sido uno de los principales puntos de fricción.
La disputa se complica por los compromisos financieros que enfrenta el Estado en 2026, especialmente las obras que Samuel García pretende concluir antes del Mundial de Futbol, como las Líneas 4 y 6 del Metro. La administración argumentó que requería casi 22 mil millones de pesos para inversión, de los cuales 11 mil millones son prioritarios para el transporte.
UN DEJA VU INSTITUCIONAL
El escenario de 2026 es un espejo de lo ocurrido en años anteriores. En 2023, 2024 y 2025 el Gobierno estatal aplicó la reconducción presupuestal por la falta de acuerdos con el Congreso, y ahora, por cuarto año consecutivo, Nuevo León repite la fórmula. Lo que debería ser un recurso excepcional se ha convertido en la regla, reflejo de un choque político que limita la certidumbre financiera del Estado.
El presupuesto vigente es de 148.2 mil millones de pesos, 7 por ciento menor a los más de 179 mil millones que el gobernador pretendía alcanzar este año con un incremento en el Impuesto Sobre Nómina. Además, el Estado no tiene aprobada la posibilidad de contratar deuda, cuando en 2025 dispuso de 8 mil millones de pesos. El techo de endeudamiento por 14 mil 644 millones quedó pendiente de discusión en el Congreso.
EL COSTO DE LA FALTA DE ACUERDOS
El discurso del gobernador, que intenta suavizar el veto con frases como “fue firmado en buena onda”, contrasta con la tensión real que implica gobernar sin un presupuesto nuevo. La falta de acuerdos no solo limita la capacidad de inversión pública, también proyecta una imagen de parálisis institucional.
La reconducción le permite al Ejecutivo disponer libremente de fondos no presupuestados que reciba durante el año, como los más de 7 mil millones adicionales proyectados en participaciones federales. Sin embargo, esta discrecionalidad genera suspicacias en el Congreso, que acusa ilegalidad en la reconducción porque existe un paquete fiscal aprobado.
El reto para 2026 es romper el ciclo de desencuentros. De lo contrario, Nuevo León seguirá atrapado en un bucle donde el presupuesto se convierte en símbolo de confrontación política, más que en herramienta de desarrollo.